Economía y Política Nacional

Se llama Distribución Funcional del Ingreso –DFI- a la identificación de la proporción que, en caso de nuestro país, el Producto Bruto Interno total se reparte entre asalariados y capitalistas. Su importancia radica en constituye una herramienta para la identificación y el análisis de diversos tópicos relacionados con la acumulación de capital, además de contribuir a informar acerca del bienestar y la equidad de la sociedad.

Se encuentra categorizado en el proceso productivo, y su indicador por excelencia es el de la participación de la masa salarial total en el ingreso susceptible de ser distribuido, es así que se determina según el modo en que los hombres se inserten a este. El numerador de dicha expresión está compuesto por el producto entre el salario medio y la cantidad total de asalariados, mientras que el denominador es la expresión del total –o alguna de ellas- producido por la economía en un año, según la disponibilidad informativa que haya en el momento de la evaluación. Asimismo, según el criterio de ceteris paribus, un aumento del salario medio, de la masa de asalariados o una disminución del producto mejoran el indicador en cuestión, a la cual se suman todas las combinaciones posibles de variaciones simultáneas.

En la Argentina, a partir de 1975 dicha distribución comenzó a ser relegada a un segundo plano, hasta la década de los noventa en la que prácticamente desapareció, ya que el análisis de la apropiación de la riqueza pasó a evaluarse mediante el denominado ingreso personal[1]. Esta falta de interés se mostró bajo diversos factores determinantes. La desaceleración en el crecimiento del empleo en los 90’se tradujo en un incremento de la desocupación. A partir de la descentralización del modelo nacional en el mercado interno, el salario pasa a constituir simplemente un costo que el empleador debe reducir para mejorar la competividad internacional, por lo que se promulgaron leyes como la 24.013 de flexibilización laboral[2] que partió de un supuesto que argumentaba que disminuyendolas exigencias al empleador en el momento de contratar y permitiéndole hacerlo a plazo determinado y sin indemnización a su vencimiento se incrementaría el empleo, que se había desacelerado, generalizando la desocupación.

De todas maneras, como ya se dijo, esta disminución partió desde 1975, año en que se gestó el Rodrigazo, hubo una baja de 5 puntos por ciento –pp-, sumado al congelamiento salarial de 1976 en un contexto inflacionario, que produjeron la baja de otros 15 pp. Tiempo después, en 1981 con la bruta devaluación del peso y la crisis post-bélica de Malvinas la participación se redujo aún más, dando para 1982 una pérdida de otros 10 pp.

Con el regreso a la democracia se produce sin embargo una recuperación hasta 1986 inclusive. Luego se tiene un quinquenio sin información disponible, que abarcan tanto la presidencia de Alfonsín como la de Carlos Saúl Menem. Esta transición estuvo marcada por la hiperinflación, por lo cual podemos suponer que la participación siguió en amplio descenso. Finalmente, en 1993 la participación se incrementa a más del 40%, pero sobre una base de cálculos distinta a la anterior y con la puesta en evidencia de un período de deterioro en los años iniciales. Asimismo, según indica la serie del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo –CEPED- la participación salarial se redujo unos 8 pp más.

Vale aclarar que durante el menemismo se defendió la idea de que la desigualdad es justa y necesaria para que la economía nacional sufra un incremento. Se planteaba que de esa forma se aseguraría el crecimiento mediante la inversión. Este concepto resultó erróneo, por lo menos en el caso argentino. El crecimiento del Superávit de Explotación –SBE-, complemento del DFI que supone ser el sustento de la inversión productiva, no provocó dicho incremento, sino que se mostró como un mero beneficio de los empresarios. La cercanía de la inversión al 20% del PBI se denotó en años que las políticas gubernamentales otorgaron mínimas garantías financieras, y no de otra índole.

El ex funcionario pretendía para revertir la decisión del mismo tribunal que confirmó su procesamiento y el embargo sobre sus bienes. La Cámara Federal había decidido procesar a Narodowski como presunto miembro de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, organización criminal de la que también habría participado, según la Justicia, el jefe de gobierno Mauricio Macri, al cual también le fue rebotado otro recurso de queja, con los mismos argumentos. También se encuentra implicado el primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios, como una pieza clave de la organización de inteligencia. Además, su causa la agrava una acusación por “defraudación a la administración pública”.

Vale recordar que en el mes de marzo, la   Cámara Federal había ratificado el procesamiento dictado a Narodowski por el juez federal Norberto Oyarbide, luego de considerar que la cartera a su cargo contrató como asesor y sin una función comprobable al entonces ex agente de la Policía Federal Ciro James con un presunto sueldo de seis mil pesos mensuales en simultáneo con la ejecución de las maniobras por las que también está siendo investigado.

Las llamadas "frecuentes" detectadas entre James y Narodowski, incluso en horarios no laborales, debilitaron la defensa del ex ministro, que había dicho no tener relación con el supuesto espía, que sería quien retiraba los casetes de las escuchas que se investigan, otorgadas por la SIDE en el marco de expedientes judiciales a personas que, en realidad, no tenían vinculación alguna con los delitos investigados. Dentro de los afectados se encontraron el familiar de víctimas del atentado a la AMIA, Sergio Burstein y el cuñado de Macri, Néstor Leonardo, La pesquisa corroboró el espionaje ilegal telefónico mediante el uso de infraestructura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Se presentaron pruebas de que para concretar las escuchas, se obtenían órdenes emanadas de la justicia federal de Misiones, que habría gestionado James con el argumento de buscar al autor del crimen de un odontólogo que se investigaba en esa provincia.

La causa por las escuchas telefónicas ya está camino a juicio oral, como lo dispuso Norberto Oyarbide al correr vista a las partes para que opinen si corresponde o no dar por clausurada la investigación y elevar el expediente a un Tribunal Oral.

La Cámara de Diputados sesionará hoy para avalar o rechazar la aprobación parlamentaria de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con que el Poder Ejecutivo decretó la intervención de YPF y la designación de ésta, así como la que inmiscuye la obtención de gas que también estaba en manos de la Repsol, una compañía española que durante años estuvo explotando recursos petrolíferos en la Argentina. Asimismo se tratarán temas de menor índole como son algunos acuerdos bilaterales sellados por el gobierno nacional y la declaración de feriado por única vez el próximo 3 de febrero, en el bicentenario del combate de San Lorenzo. También se le dará media sanción al proyecto, avalado por todas las fuerzas políticas parlamentarias, que obliga a todas las instituciones que dependen del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti) a crear “repositorios digitales de acceso abierto” a toda la población de su producción científico-tecnológica.

El temario se estableció ayer al mediodía en una reunión de Labor Parlamentaria. Allí, el oficialismo hizo conocer que su prioridad legislativa es refrendar el DNU 530 por el cual el Gobierno decidió la intervención de YPF y la designación de sus interventores, al mismo tiempo que anunciaba el envío al Congreso del proyecto de ley –ya aprobada- para la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de la compañía extranjera, así como la intervención de YPF Gas, redactada dos días posteriores a esta fecha. Vale aclarar que los dos decretos presidenciales obtuvieron dictamen favorable de mayoría, tanto por una cámara como por la otra, de mayoría oficialista, en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. En tanto, todos los legisladores de la oposición que integran la bicameral, radicales y peronistas federales, emitieron dictamen de minoría de rechazo a los decretos, pese a la aprobación de la ley. Esta unánime posición trajo aparejado el recuerdo del llamado tiempo atrás “Grupo A”.

El Grupo A se conformó entre 2008 y 2009. Nucleaba a la gran parte de la oposición del Congreso, estando conformado por la Unión Cívica Radical (UCR), el Pro, la Coalición Cívica (CC), la Fuerza Republicana de Tucumán, el Partido Renovador de Salta, el Peronismo Federal, el FREJULI, el Partido Socialista y el bloque juecista. Inicialmente los denominó así la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un discurso público, haciendo referencia a su actitud “contraria” a darle quórum a los proyectos que presentaba en el Congreso de la Nación. Este bloque tuvo un poder significativo en el debate acerca de la aplicación de Retenciones Móviles al sector agropecuario, más específicamente enfocado a la resolución 125/08.

      Esta semana Aníbal Fernández volvió a hacer alusión explícita a este grupo, cuando acusó a Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, de “revivir el Grupo A, que votó en contra de la 125 y sumó a toda la oposición al gobierno de Cristina" defendiendo al gobernador bonaerense Scioli, frente al pedido de un informe votado por la Legislatura y empujado por La Cámpora para que el gobernador blanquee la pauta publicitaria oficial de la Provincia, avalado por su segundo en la fórmula. Para llevar a cabo un paralelismo con la actualidad, podría decirse que ese grupo lo conformarían hoy en día el Pro, Unión por Todos (Patricia Bullrich) y un sector del peronismo federal, que no sólo coincidieron con su postura en contra de la expropiación de YPF, sino que vienen coincidiendo hace un tiempo con sus decisiones en contra de los postulados oficialistas.

Sin embargo, se podría decir que la situación del Congreso Nacional actual no es equiparable con el de aquel entonces, ya que por ejemplo el proyecto de ley que dispone la creación de repositorios digitales de acceso abierto a todos los organismos e instituciones del Sncti recibe el apoyo de casi todos los bloques parlamentarios, sólo que con algunas disidencias. Particularmente el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, la UCR, el FAP, Proyecto Sur y PRO respaldan la iniciativa que propone el acceso público y gratuito a la producción científico-tecnológica de estas instituciones, lo cual implica la subvención del Estado.

Luego, entre otros asuntos menores tratados durante la semana en la Cámara de Diputados se dio en su Comisión de Cooperativas y Mutuales el dictamen favorable para la expropiación del Hotel Bauen. Esto se logró mediante la unificación de dos proyectos de ley, uno de Victoria Donda y otro de Carlos Heller. Sin embargo, el proyecto todavía debe pasar por las comisiones de Legislación General y de Presupuesto antes de quedar habilitado para ser votado en el recinto.

En 2001, bajo la presidencia de Fernando De la Rúa, se gestó en la Argentina la mayor crisis financiera que sufrió la Argentina en los últimos años, favorecida por la Ley de Convertibilidad del dólar que fijaba la paridad entre el peso argentino y la moneda estadounidense. Ese año no ingresó dinero al país, sobre todo por el bajo precio internacional de los granos, por lo que se debió refinanciar la deuda a intereses más altos para mantener la ley. Asimismo, el 29 de noviembre de ese año el sistema bancario colapsó a raíz de una gran fuga de capitales, lo cual llevó a que el 2 de diciembre se decrete el llamado Corralito, que restringía el retiro de depósitos bancarios a 250 pesos por semana, y los salarios se redujeron hasta el 50 %.

            Es por esto que cayó la ley de convertibilidad tiempo después, y se disparó nuevamente la inflación. Esto provocó no sólo el incremento del cierre de empresas nacionales que había comenzado ya en la década del 90’ sino también que la gente no llegue, ya se con la baja de sus sueldos, por despidos o por la misma inflación, acceder aunque sea a una canasta básica de alimentos. Es por esto que ya para el segundo semestre de 2002 la cantidad de personas bajo el límite de pobreza era del 57. 5 % y 27,5 % era directamente considerada indigente, según el método indirecto o “del ingreso” de medición de pobreza que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) por medio de la Encuesta Permanente de Hogares que nuclea a los principales aglomerados del país.

            Este método consta de calcular, según el ingreso de las personas, si son capaces de cubrir sus necesidades alimentarias al punto de no desnutrirse. Se supone que un adulto equivalente consume 2700 calorías por día. Se calcula el precio de los alimentos, y en base a él se saca una canasta básica, con un determinado costo, que los individuos deben ser capaces de cubrir con sus ingresos para estar por arriba de la línea de indigencia. A su vez, si al precio de la canasta básica alimentaria se le agregan los costos de la salud, la vestimenta, la educación,el transporte, y demás compras de bienes y servicios elementales se crea otra barrera, que representa a la línea de pobreza. Esta nueva barrera marca el límite de los individuos que son pobres, y los que no, conformando la canasta básica total que se mide según los ingresos de un hogar y no según individuos. Para poder sacar la canasta total, se utiliza el llamado"Coeficiente de Engel" (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia. En cada período se actualiza tanto el numerador como el denominador del Coeficiente de Engel con la variación de los precios correspondientes del IPC. En función de la variación relativa de esos precios, se determina para cada mes de medición de la pobreza el valor del coeficiente.

            El segundo semestre de 2003 el porcentaje de individuos bajo la línea de pobreza era de 47,8 mientras que el de indigencia, del 20,5. Esto se debe en parte al comienzo de la implementación del plan Jefas y Jefes de Hogar, ayudado por la leve baja inflacionaria que permitió que ese pequeño sueldo permita abarcar mayores beneficios, luego de la asunción de Néstor Kirchner. Los efectos de este plan, sumados al crecimiento paulatino que fue teniendo el país, provocó que al segundo semestre de 2004 el índice de pobreza siguiera en descenso, pasando de 40,4 puntos porcentuales, mientras que la indigencia se redujo a 15. Finalmente, en el último semestre del 2005, el porcentaje de individuos considerados pobres se redujo a un 33,8 % y el de indigentes, 12,2 %. Asimismo vale mencionar que siempre el número de personas que se mostraron bajo el límite de pobreza fue inferior al de hogares pobres. Esto se debe a que generalmente, los hogares de gente humilde son los más numerosos en cuanto a habitantes por habitáculo.

            Los resultados reflejan que desde el 2002, año en que la crisis dio su mayor apogeo en los hogares de la población, al 2005, no sólo que el Plan Jefas y Jefes de Hogar tuvo una gran repercusión en la solvencia familiar, y las políticas incentivadoras del crecimiento del mercado permitieron la reinserción laboral de miles de personas, así como el control del dólar alto ayudó al comercio internacional de granos, y a fomentar el consumo de la industria nacional. Haber reducido 14 puntos porcentuales en 3 años es un cambio notable, así como haberlo hecho con la indigencia unos 8,3 también lo fue. Al día de hoy, el índice de pobreza marca un 6,7 % mientras que la indigencia per cápita, 1,7 según los aglomerados urbanos consultados, lo que demuestra que el progreso siguió su ascenso.

El macrismo y el gobierno nacional volvieron a cruzarse en el día de hoy, cuando Aníbal Fernández respondió negativamente al pedido del jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta de fondos de Nación para poder seguir solventando el subte.

El argumento del jefe de gabinete, que planteaba que cualquier traspaso de funciones del Gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires “debe estar acompañado de sus respectivos recursos” fue apoyado por un gran porcentaje de legisladores de la oposición. “Todos los legisladores no kirchneristas del Senado estuvieron en la misma línea. La posición fue unánime exigiendo que se respete lo que dice la Constitución claramente en su artículo 75” aseguró Rodríguez Larreta en declaraciones a la prensa tras participar de la reunión semanal del gabinete porteño. A su vez, acusó a los legisladores oficialistas de actuar anticonstitucionalmente y objetó duramente su posición: “Pareciera obvio decir que en un país hay que respetar la Constitución, pero, a veces en la Argentina, sobre todo viendo la posición del oficialismo, es necesario hacerlo”.

Por su parte, el senador Aníbal Fernández no tardó en responderle al gobierno porteño que no sólo “no se le destinará nada del presupuesto nacional al traspaso de los subtes”, sino que tampoco lo hará con ninguna de las 33 líneas de colectivo que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el premetro ni con el metrobús. Además, aseguró que la polémica por los medios de transporte puede terminar en la Corte Suprema porque "pareciera que el jefe de la Ciudad no tiene estatura para mantener una discusión política". Asimismo, el senador oficialista recordó en Radio La Red que los funcionarios del PRO el día 3 de enero ya habían firmado un acta, aunque esta no incluía el traspaso del resto de los medios de transportes porteños, en los cuales se comprometían y por lo tanto se consideraban hábiles para efectuar con eficacia la transferencia, y lo habrían ratificado aumentando el 127 por ciento la tarifa del subterráneo.

Vale recordar que funcionarios del gobierno porteño hace dos días se mostraron de acuerdo con el planteo surgido desde algunos sectores del PRO de solicitar la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, y con ello el traspaso no sólo del transporte, sino de la Policía Federal, la Justicia, los puertos y el juego, ya que los dos últimos podrían ayudar a dar sustento al transporte y al cuerpo policial, que provoca “irrevocables pérdidas” a la Ciudad.

La penalización del aborto no deja de ser eje de polémicas: encarcelaron el martes pasado a la madre de una niña de 13 años discapacitada que falleció tras ingerir unos fármacos que la muchacha habría tomado para abortar su embarazo, producto de una violación.

La jovencita era de origen salteño y murió el 8 de noviembre en el Hospital Materno Infantil de esa provincia, como consecuencia de la acción de una droga de características abortivas. Trascendió que la preadolescente cursaba el 8º grado del Colegio Comercial 2 Victorino de la Plaza, en donde no se dictan clases de educación sexual, pero se solicitó que la identidad de la chica sea resguardada.

El artículo 85 del Código Penal de la Nación Argentina penaliza el aborto. Sin embargo, el período de encarcelamiento que figura en el Titulo I del libro segundo de los delitos-delitos contra las personas- es mucho menor que el que se da para la menor condena de un delito considerado homicidio. Este hecho fue retomado por Estela Díaz como argumento ante la posible legalización de la interrupción intencional del embarazo en una conferencia brindada para alumnos de TEA el pasado lunes 14 de agosto y por la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, el Movimiento Libres del Sur, la Red PAR y el Foro de Mujeres, quienes salieron el miércoles pasado a repudiar la prisión preventiva de la madre, argumentando a su vez la falta pruebas en su contra.

Ocurre que de hecho, la única pista que el cuerpo policial salteño tenía en cuanto a la presunta culpabilidad de la progenitora radicaba en una llamada anónima que recibió el 911 en el que acusaron a la mujer de someter a su hija a un aborto clandestino. la abogada Mónica Menini, del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta se refirió al hecho y planteó que esta medida está ampliamente ligada con la religión: “ Se trata de una situación donde se quiere dar una sanción ejemplificativa hacia las mujeres, en una provincia que brinda educación religiosa en colegios públicos, que devuelve las cartillas de educación sexual integral de la Nación con el argumento de que no se corresponden con la idiosincrasia salteña, donde existen altísimos índices de embarazo adolescente y donde el Senado decidió proclamarse contra la despenalización del aborto”.

Sin embargo, no fue sólo la legislatura salteña la que se opuso a debatir sobre la posibilidad de legalizar el aborto. El 9 de noviembre se canceló el plenario de las comisiones de Familia y de Salud previstas para discutir el tema. La intención del Presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, era que alguno de los proyectos lograse dictamen. Su expectativa no dio los resultados que esperaba puesto que presidentes de otras comisiones no citaron a la reunión, con el supuesto agravante de que la presidenta no muestra interés en que se legisle el asunto y el 20 venció el plazo para presentar el fallo.

Los principales argumentos que defienden quienes se encuentran en contra del aborto aseguran que la vida comienza desde la concepción, y que por ende acabar con la formación de un feto sería atentar contra la vida de un niño. Amparan este precepto tanto el Código Penal de la Nación – como antes se mencionó- y tratados internacionales como el de San José de Costa Rica que en el artículo cuarto del capítulo segundo expone de modo textual: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por La Ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. También algunos plantean que se deben mejorar los métodos anticonceptivos y que de darse un embarazo no deseado se debe continuar con éste hasta que el bebé nazca para ser dado en adopción.

El principal motivo de discrepancias en cuanto a la interrupción del embarazo se da en casos en que la víctima es violada y posee alguna discapacidad mental. Si bien el Código Penal asimismo explicita: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, en la actualidad hay profesionales u organismos médicos que se rehúsan a practicarlo.

Es este el caso de Yuliana, una niña de 12 años que fue abusada en Misiones por su padre y cursa un embarazo de nueves semanas. Esta muchachita tiene un importante retraso madurativo y su familia es de origen muy pobre, por lo cual aseguran que ni la pequeña ni ellos mismos podrían hacerse cargo del bebé en curso. Yuliana fue atendida en el Hospital SAMIC de Oberá, donde le diagnosticaron a su vez que contrajo sífilis, pero el ginecólogo que la asistió Carlos Flamig objetó que de ser aprobado por el Ministerio de Salud él no practicaría la interrupción del embarazo porque se encuentra en desacuerdo con ella. Aún se desconoce la postura del Ministerio, pero se espera que aprueben la intervención.

En cuanto a estas irregularidades legislativas, los grupos feministas y las organizaciones no gubernamentales que luchan por la despenalización del aborto refieren que una operación segura y garantizada por el sistema de salud público evitaría gran parte de las defunciones maternas prenatales. Además, garantizando una interrupción del embarazo hasta la duodécima semana de gestación se podrían evitar tantas trabas legales para no afectar la estabilidad afectivo-emocional de los pequeños con deficiencias mentales severas que ya se encuentran amparados por la ley.

Por otra parte es importante destacar que las controversias legales no tiene sólo repercusión en casos particulares como los previamente mencionados sino que desde hace varios años se hacen presentes en la opinión pública. Por ejemplo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito surgió en 2003 a partir del XVIII Encuentro Nacional de Mujeres llevado a cabo en Rosario, y sigue haciendo escuchar su voz tanto en asambleas como en distintas manifestaciones y demostraciones feministas. A su vez, la impotencia que provoca en algunos la negativa a tratar una reforma en la legislación actual también se hace notar. Una muestra de ello son los graffitis que aparecieron en las paredes de la casa de la diputada del PRO Gabriela Michetti el lunes por la mañana con leyendas tales como “PRO Mierda” y “Aborto ya” entre otras.

Lilita, como se conoce popularmente a la líder y excandidata a presidente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, se presentó votar a las 10.45 de la mañana en la Escuela N°3 Onésimo Leguizamón ubicada en Barrio Norte escoltada por una tropa de 10 cámaras televisivas y un grupo de noteros a la espera de poder sacarle el jugo a esta particular naranja.

En el recinto estuvieron tanto los equipos técnicos de los canales nacionales de noticias más importantes como TN, CN23, C5N y Crónica TV como los de las cadenas informativas más relevantes de Latinoamérica y el mundo entre los que se puede mencionar la señal chilena TVN, la colombiana NTN24 y la agencia de noticias internacional transmitida en idioma inglés Press TV, con sede central en Irán.

Si bien cuando la excandidata se presentó a votar en la mesa 802, todas las cámaras, ya sean televisivas o fotográficas se encontraban perfectamente organizadas, una vez que ésta abandonó el cuarto oscuro la situación para los camarógrafos devino caótica. El espacio que Carrió escogió para dar entrevistas era muy reducido, por lo cuales el personal de algunos medios como el de NTN24, TVN e incluso unas cámaras de Telefé que estaban en el lugar para poder filmar una parte de lo que luego sería el especial electoral del programa Caiga Quién Caiga -CQC- decidieron no realizarle preguntas, por lo menos en ese momento. Sin embargo, otros optaron por hacer valer la popular “Ley de la Jungla” y se agolparon unos a otros para poder captar las palabras de la líder de la Coalición Civica. En esta circunstancia se pudieron escuchar frases como “A ver si nos organizamos, estamos grandes” o “Así no se puede trabajar” por parte del personal técnico de algunos canales.

Asimismo, el personal de la señal televisiva Press Tv trajo consigo una escalera de seis escalones que empleó para poder grabar con comodidad las respuestas de Lilita, mientras que otros camarógrafos locales apelaron a tomar prestadas sillas del recinto y subirse a ellas para poder llevar a cabo la filmación. De un modo o de otro todos los canales consiguieron una nota con Elisa Carrió, ya que luego por ejemplo Pablo Camaiti, notero de CQC, pudo entrevistarla en la escalera y en el pasillo de la escuela mientras que C5N aprovechó que había dejado su camioneta estacionada en la esquina de la calle Paraná y la entrevistó cuando la excandidata se dirigió a esa dirección.

“Yo no pensé que Cristina iba a ganar por tanto, debo decir que las encuentras lo anunciaban, pero imaginé que el resultado sería más o menos un 42-20 %” expresó Ernesto Tenembaum en una conferencia de prensa dictada el lunes 28 de agosto en el Paseo La Plaza refiriéndose a los resultados electorales del pasado 14 de agosto.

El ex–periodista de Página/12 y actual co-conductor del programa televisivo Palabras más, Palabras menos se presentó frente a los alumnos de primer año de TEA para brindar una conferencia de prensa acerca del año electoral que acomete la Argentina en este tiempo. Además de expresar nuevamente su apoyo a la candidatura presidencial de Hermes Binner, quién obtuvo el 10,26 % de los votos a nivel nacional, el locutor de Radio Mitre recordó haber predicho la victoria de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de agosto, al igual que la de Mauricio Macri en las elecciones porteñas del 10 de julio: “Desde febrero venía diciendo en la radio que el tema estaba terminado y que Cristina iba a ser reelecta, como también aseguraba que Macri iba a ganar las elecciones en capital”.

Con el fin de justificar sus predicciones, el ex-jefe de redacción de la revista Vientitrés, dijo basarse en dos encuestadoras electorales que para él año tran año han arrimado con mayor exactitud a los que finalmente fueron los resultados finales: Poliarquía y Management & fit. La primera aseveraba ya a mediados de junio el triunfo de Mauricio Macri con el 40,8% y ubicaba en segundo lugar a Daniel Filmus con el 23,% seguido de Pino Solanas con el 13,1% y María Eugenia Estenssoro con el 4%, teniendo un importante marco de acierto, puesto que bajo ese mismo orden, según publicó el diario La Nación, los consagraron al líder del PRO con el 47,08%, luego al candidato del Frente para la Victoria con el 27,78% mientras que el cineasta obtuvo 12,82% y la candidata por la Coalición Cívica 3,32%. Por otra parte, la encuestadora Management & fit condecoraba a mediados de julio como ganadora de las elecciones presidenciales a Cristina Fernández con un 41% de los votos, antecedida por Ricardo Alfonsín, con un 19,6% de los votos. El tercer lugar iba a ser ocupado por Educardo Duhalde con un 14,3%, seguido sucesivamente por Alberto Rodríguez Saá con el 7,2%, Hermes Binner con el 7,1% y Elisa Carrió con el 5,1%. Es importante notar que esta encuesta no tuvo grandes aciertos, puesto que no sólo la Presidenta de la Nación obtuvo un porcentaje mucho más alto, sino que también el candidato socialista del Frente Amplio Progresista obtuvo un posicionamiento de mayor importancia respecto a otros miembros de la oposición. En base a este tema, Tenembaum expresó: “Yo no pensé que Cristina iba a ganar por tanto, debo decir que las encuentras lo anunciaban, pero imaginé que el resultado sería más o menos un 42-20 %, en octubre va a arrazar, pero bueno por eso siempre lo mejor es trabajar con encuestas de confianza. Hay encuestadores que te mandan en privado las encuestas reales y ponen en público las que les pagan…”. Si bien el periodista no dijo explícitamente de qué consultora se trataba, se puede rememorar que por ejemplo “Nueva Comunicación” le otorgaba el 6,9% de los Votos a Telerman, y trabajaba para él. Los resultados reflejaron otra cosa.